Durante el primer día, las presentaciones abrieron una conversación que se fue construyendo a partir de escenas concretas, la oferta de ultra procesados contra alimentos saludables, el peso de la publicidad y la comparación entre el costo de preparar un alimento común como lo puede ser una sopa y la rapidez de lo instantáneo, que suele ser más accesible pero no saludable. Con esos ejemplos sobre la mesa, el grupo fue nombrando el marco que los conecta, el “entorno alimentario”, entendido como un conjunto de condiciones culturales, económicas y normativas que terminan orientando decisiones de todos los días, incluso cuando existe la intención de comer mejor. En la plenaria, uno de los participantes intervino y lo puso en términos de derecho y desigualdad, “La alimentación saludable pasa de ser un privilegio a un derecho. Porque soy pobre ¿No merezco alimentación saludable?”.

En el centro de la discusión se desarrolló una conclusión clave para la Red SANA, y es que “la incidencia en alimentación saludable no avanza solo por convicción, porque se mueve en un terreno donde pesan intereses; lo que marca la diferencia es la capacidad de una red para convertir esfuerzos dispersos en acción colectiva, acordar una agenda común que se traduzca en una ruta integrada y no fragmentada”. Estas reflexiones se conectan con experiencias de la región, mencionando que Guatemala, El Salvador y Perú comparten obstáculos similares, y que casos como Perú, Chile, Colombia, y otros países, ofrecen aprendizajes útiles para visualizar ventanas políticas y decisiones regulatorias trascendentales. Se insto en una regla que atraviesa cualquier intento de cambio, “llegar con evidencia y una narrativa consistente para sostener propuestas frente a quienes deciden y evitar que el esfuerzo se diluya en buenas intenciones”.